Fecha del post: 27 de junio de 2018
Durante más de veinticinco años, las apuestas deportivas han sido una práctica prohibida en los Estados Unidos de América. Basándose en un informe del Senate Judiciary Subcommittee on Patents, Copyrights and Trademarks de 1991 que calificaba a las apuestas sobre eventos deportivos como un «grave problema nacional», el congreso federal estadounidense decidió promulgar la Professional and Amateur Sports Protection Act (PASPA), una ley que impedía a la mayoría de los estados de la federación estadounidense el poder legislar o regular cualquier forma de apuesta deportiva.
Sin embargo ahora, después de que el mercado negro se hiciera con gran parte del mercado del gambling norteamericano (según Esports Insider, hablamos de unos 150 billones de dólares de los cuales el 97% es dominado por el mercado negro), el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha decidido que la PASPA era una ley inconstitucional y que, por tanto, todo aquel estado que lo considere necesario puede legalizar las apuestas deportivas en su territorio.
Si no has oído hablar del caso Caso Murphy vs NCAA y de su impacto en el gambling norteamericano, te invito a leer este post. Incluso te contaré cómo está afectando esta sentencia a los deportes electrónicos estadounidenses.
La PASPA, la ley que prohibía el juego en los Estados Unidos
En 1991 el Congreso norteamericano aprobó una ley federal que tenía un único objetivo: impedir la legalización de las apuestas deportivas bajo las leyes estatales. Esta ley federal era la “Professional and Amateur Sports Protection Act” y su sección 3702 decía lo siguiente:
Unlawful sports gambling
‘It shall be unlawful for-
‘(1) a governmental entity to sponsor, operate, advertise, promote, license, or authorize by law or compact, or
‘(2) a person to sponsor, operate, advertise, or promote, pursuant to the law or compact of a governmental entity,
a lottery, sweepstakes, or other betting, gambling, or wagering scheme based, directly or indirectly (through the use of geographical references or otherwise), on one or more competitive games in which amateur or professional athletes participate, or are intended to participate, or on one or more performances of such athletes in such games.
Es decir, con la entrada en vigor de la PASPA, ningún estado podía otorgar licencias para legalizar, esponsorizar o promocionar cualquier forma de juego basado, de forma directa o indirecta, en las apuestas sobre un deporte competitivo.
Bueno, todos los estados no. Los territorios de Oregón, Delaware o Montana quedaban parcialmente exentos de algunas de las prohibiciones de la ley, y el estado de Nevada, famoso por tener la ciudad-casino más importante del mundo, quedaba totalmente al margen de las disposiciones federales. De hecho, esta “legislación a la carta” fue uno de los primeros asuntos legales que se puso sobre la mesa de los tribunales norteamericanos. Unos tribunales que terminaron dictaminando en varias sentencias que este tipo de modelo legislativo era plenamente constitucional.
Cabe decir también que esta ley no era la primera que prohibía el juego de azar sobre los eventos deportivos. En 1961 el congreso federal aprobó la Federal Wire Act una ley que buscaba prohibir el crimen organizado alrededor de los acontecimientos deportivos impidiendo que se transmitiera información privilegiada que favoreciera las estafas o los amaños.
Sin embargo, todo este marco legal tenía un problema. Un problema denominado Estado de Nueva Jersey.
Nueva Jersey contra el Congreso
Con la entrada en vigor de la PASPA, el gobierno federal norteamericano permitió a cualquier estado el poder presentar una candidatura para convertirse en un “territorio de excepción legal” y unirse a los estados de Nevada, Delaware, Oregon and Montana, como estados en los que se autorizaban ciertas formas de gambling (reservas indias a parte). Sin embargo, y por unos motivos que no he terminado de entender, durante el año de margen que dejó la ley para presentar tales candidaturas, el estado de New Jersey no se decidió a solicitar este beneficio (para conocer más sobre este tema, te recomiendo leer esta noticia de la CBS Norteamericana).
No obstante, Chris Christie, gobernador del estado en ese momento, afirmó que Nueva Jersey no tenía porqué atender al dictado federal puesto que, en tanto que estado soberano de los Estados Unidos, podía legalizar o ilegalizar aquellos temas que considerase pertinentes en su territorio. Para ello, decidió organizar un referéndum entre su población y preguntarles si veían con buenos ojos para la creación de una ley que regulase (que no legalizase) el gambling dentro del Estado. Un referéndum que se celebró el 8 de noviembre de 2011 y que terminó con el 63.91% de los votos a favor y el 36.09% en contra. Con estos resultados en la mano, el Congreso de Nueva Jersey aprobaba en el año 2013 la Sports Wagering Act, una ley que legalizaba todo tipo de apuestas, deportivas o no, en su territorio. Y, con su aprobación, empezó el gran periplo judicial de las apuestas deportivas estadounidenses.
Primero, las grandes ligas de deporte norteamericanas (NBA, NFL, MLB o NHL) impugnaron la ley de Nueva Jersey por ser inconstitucional. Concretamente por entender que esa ley contravenía el orden federal al regular una materia reservada a la PASPA (es decir, había un incumplimiento competencial). Ante esta impugnación, el estado de Nueva Jersey alegó que el sistema federal norteamericano impedía que el gobierno federal dictase qué podía o qué no podían regular los estados miembros (la conocida como Anti-Commandeering Doctrine, que veremos más adelante).
Dos posiciones argumentales que centraron la disputa legal a lo largo de los tribunales inferiores norteamericanos hasta que, en el año 2016, el caso (en ese punto, Christie vs NCAA en tanto había cambiado el gobernador del estado y, con ello, el demandante) fue llevado ante el más alto tribunal de los Estados Unidos de América.
Philip D. Murphy, Governor of New Jersey, vs National Collegiate Athletic Association
El 14 de mayo de 2018, tras varios años de procedimiento, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictó la sentencia que zanjaría de una vez por todas el problema de las apuestas deportivas en el país: la sentencia del caso Murphy vs National Collegiate Athletic Assn.
Por seis votos a favor y tres votos en contra, el alto tribunal dictaminó que la PASPA era una ley inconstitucional por contradecir la Anti-Commandeering Doctrine (derecho de los estados a no ser partícipes activos en la aplicación o la ejecución de los actos federales o de sus programas regulativos) y, en consecuencia, por contradecir la décima enmienda de la constitución (la que regula la estructura federal de los Estados Unidos y fija que el Congreso federal no puede regular qué leyes pueden aprobar los estados). Ello se puede ver en el siguiente fragmento de la sentencia:PASPA’s provision prohibiting state authorization of sports gambling schemes violates the anticommandeering rule.
As the Tenth Amendment confirms, all legislative power not conferred on Congress by the Constitution is reserved for the States. Absent from the list of conferred powers is the power to issue direct orders to the governments of the States. The anticommandeering doctrine that emerged in New York v. United States, 505 U. S. 144, and Printz v. United States, 521 U. S. 898, simply represents the recognition of this limitation. Thus, “Congress may not simply ‘commandeer the legislative process of the States by directly compelling them to enact and enforce a federal regulatory program.’ ” New York, supra, at 161. Adherence to the anticommandeering principle is important for several reasons, including, as significant here, that the rule serves as “one of the Constitution’s structural safeguards of liberty,” Printz, supra, at 921, that the rule promotes political accountability, and that the rule prevents Congress from shifting the costs of regulation to the States. Pp. 14–18.
PASPA’s anti-authorization provision unequivocally dictates what a state legislature may and may not do. The distinction between compelling a State to enact legislation and prohibiting a State from enacting new laws is an empty one. The basic principle—that Congress cannot issue direct orders to state legislatures—applies in either event..
Contrary to the claim of respondents and the United States, this Court’s precedents do not show that PASPA’s anti-authorization provision is constitutional. South Carolina v. Baker, 485 U. S. 505; Reno v. Condon, 528 U. S. 141; Hodel v. Virginia Surface Mining & Reclamation Assn., Inc., 452 U. S. 264; FERC v. Mississippi, 456 U. S. 742, distinguished. Pp. 19–21.
Con esta sentencia, el alto tribunal no solo le daba la razón al estado de Nueva Jersey sino que, además, declaraba que la PASPA era una ley inconstitucional que debía anularse del ordenamiento. Dicho en otras palabras, se levantaba la prohibición de legalizar y regular las apuestas deportivas dentro de los estados. Algo que rápidamente motivó a varios estados a debatir e interesarse por autorizar y regular esta actividad. Estados como los que aparecen en el siguiente gráfico:
La prohibición de las apuestas sobre los deportes electrónicos.
Entre los estados que están en proceso de regular a los deportes electrónicos hay uno que, como no podía ser de otra forma, va en cabeza: Nueva Jersey. Menos de un mes después de que el Tribunal Supremo dictase su sentencia en el caso Murphy vs NCAA, el congreso del estado de Nueva Jersey presentaba el borrador de la ACT allowing wagering at casinos and racetracks on the results of certain professional or collegiate sports or athletic events, supplementing Title 5 of the Revised Statutes, amending and repealing various parts of the statutory law o, simplemente, Act Nº 4111. Una ley que, básicamente, permitirá las apuestas en apuestas en casinos y hipódromos sobre ciertos deportes profesionales o universitarios o eventos atléticos, ha sido tan esperado como controvertido. Pero hay algo curioso en esta ley: la prohibición de apostar a eventos de deportes electrónicos «locales».
Dentro de su apartado de definiciones, la Act Nº 4111 prevé lo siguiente:«prohibited sports event» means any collegiate sport or athletic event that takes place in New Jersey or a sport or athletic event in which any New Jersey college team participates regardless of where the event takes place.
A “prohibited sports event” does not include the other games of a collegiate sport or athletic tournament in which a New Jersey college team participates, nor does it include any games of a collegiate tournament that occurs outside New Jersey even though some of the individual games or events are held in New Jersey.
A prohibited sports event includes all high school sports events, electronic sports, and competitive video games but does not include international sports events in which persons under 18 age make up a minority of the participants;
Dicho de forma resumida: no se podrá apostar sobre deportes electrónicos a no ser que estos se celebren internacionalmente (por lo tanto, fuera de territorio norteamericano) y en ellos participe más de un 50% de jugadores menores de edad. Es decir, bajo esta ley los ciudadanos de Nueva Jersey podrán apostar a la LCS Europea, a un Major de CSGO o al World Championship de Hearthstone, pero no podrán hacerlo a un evento local, nacional o federal.
¿Por qué? ¿Por qué solo se puede apostar a los eventos que reúnan esos requisitos? ¿Cuál es el sentido de esta prohibición? No lo sabemos.
El abogado Bryce Blum afirmaba en Twitter que esta ley solo demostraba que no puedes regular algo que no entiendes. Y que, claramente, los legisladores de Nueva Jersey no entendían ni de lejos que eran los deportes electrónicos. Un razonamiento que comparto plenamente. Y más viendo que según su propio texto, se puede interpretar que la Act nº4111 impide apostar a cualquier clase de competición de deportes electrónicos dado que el texto habla de «international sports events» y, como todos sabemos, los deportes electrónicos no son un deporte oficial.
En todo caso esta es una legislación creo que es mucho más que interesante. ¿Por qué? En primer lugar porque todo apunta a que Nueva Jersey será el primer estado en «aprovecharse» de Murphy vs NCAA para aprobar una ley que regule las apuestas deportivas, lo que seguramente se utilizará de base en caso que otros estados decidan legalizarlos o no. En segundo lugar, porque dependiendo de la interpretación que se dé a la ley se puede entender que los deportes electrónicos son un deporte o no, pudiendo incluso llegar a reconocerlos indirectamente como un deporte (aunque sea una interpretación muy extensiva). Y, en tercer lugar, porque de abrir la puerta a las apuestas sobre los deportes electrónicos es más que probable que las casas de apuestas quieran empezar a entrar a promocionar y/o esponsorizar al sector, levantando con ello muchos vetos existentes en los Reglamentos de las competiciones.
Y esto sería todo por hoy. Estaré muy atento a las distintas legislaciones que se aprueben para ver cuál es el resultado final del caso Murphy vs NCAA. Y, como no, estaré atento a la legislación de Nueva Jersey para ver cómo afecta a los deportes electrónicos. En todo caso, si quieres darme feedback sobre el tema te animo a que me contactes por correo electrónico o por alguna red social. Y, si no quieres perderte ninguno de mis futuros posts, deberías suscribirte a mi Newsletter.
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